Ministerio de Justicia anuncia un plan de cuatro años para mejorar calidad de los centros de menores.
Una petición formal a la administración del Presidente Sebastián Piñera hizo ayer el representante en Chile del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Gary Stahl, para que el Gobierno establezca una Defensoría para la Infancia.
De acuerdo a la descripción hecha por el representante internacional, se trata de una entidad que debe ser estatal, autónoma y descentralizada.
La idea, según Stahl, es evitar la vía judicial o penal en temas como el no pago de la pensión alimenticia u otras violaciones a los derechos del niño.
El personero fue uno de los expositores del seminario «La nueva agenda de infancia y justicia en Chile», organizado por Unicef, el Ministerio de Justicia y la Fundación Paz Ciudadana (FPC).
Stahl recordó que en 2002 y en 2007 el Comité de los Derechos del Niño, en sus recomendaciones a los informes que presentó Chile, sugirió la creación de esta entidad.
Sin embargo, ello no ha ocurrido. Por lo mismo, el representante se reunirá el próximo jueves con el ministro de Mideplan, Felipe Kast, para insistir en esta necesidad.
Según Stahl, la experiencia comparada ha sido exitosa. Puso como ejemplo a Perú, donde la institución se encuentra adscrita al Defensor del Pueblo.
Pobreza, un problema
Durante las exposiciones, Mideplan entregó desalentadoras cifras de lo que ocurre socialmente con este segmento: uno de cada cuatro niños entre cero y tres años está en situación de pobreza, mientras que uno de cada cinco de entre 4 y 17 años padece la misma situación.
Lo anterior representa «un problema dramático», a juicio de la subsecretaria de la cartera, Soledad Arellano.
El tema de los derechos del niño, dijo la autoridad, debe abordarse de manera intersectorial, incluyendo a educación, donde se necesita mejorar en calidad; y salud, donde hay que avanzar en una buena nutrición.
En Justicia
Por su parte, el Ministerio de Justicia ratificó la necesidad de introducir cambios a la ley de responsabilidad penal adolescente.
La subsecretaria Patricia Pérez anunció también un plan de cuatro años para mejorar la infraestructura en los centros de internación de menores.
El diagnóstico se desarrollará con representantes del ministerio y de Unicef, y debe definir capacidad de los centros, condiciones, número y capacitación del personal que trabaja en ellos; seguridad, espacios e infraestructura.
También analizarán programas de educación, diferenciados y validados externamente y con enfoque de género; como también programas de apresto y capacitación laboral útiles, también diferenciados. Se agrega cobertura de salud suficiente y régimen disciplinario acorde a lo exige la ley y el reglamento, entre otras iniciativas a aplicar.
Tercera vez
La Unicef ya solicitó en 2002 y en 2007 crear la Defensoría de la Infancia.
Paz Ciudadana apoya la propuesta
La directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, Javiera Blanco, destacó la posibilidad de que, a través de una Defensoría de la Infancia, se aborden temas que hoy no son muy visibles, como es lo que sucede con menores de 14 años, quienes no son imputables, tanto en el formato de responsabilidad criminal como en el de protección. O la realidad de los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años, quienes entran al sistema por hipótesis de protección.
«Hasta ahora, hay muy poca información pública. Y abordarlo en distintos ámbitos es positivo. Ya sea por la separación del Sename o por la discusión de una defensoría», según dijo.
Otro de los temas destacables del debate de ayer, añadió, es la necesidad de generar actores especializados para el cumplimiento de ciertos roles que establece la ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA).
«También es positivo que en el ámbito de la familia, donde normalmente suceden estos hechos, haya información pertinente», dijo. «Y si esa información proviene de un órgano especializado, como una Defensoría de la Infancia», lo calificó como «muy valioso».
El Mercurio
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